{"id":460,"date":"2024-01-07T23:40:06","date_gmt":"2024-01-08T02:40:06","guid":{"rendered":"https:\/\/sitiomemoriacomisariancud.cl\/portal\/?p=460"},"modified":"2024-01-07T23:44:26","modified_gmt":"2024-01-08T02:44:26","slug":"informe-anual-2023-dice-que-violencias-de-particulares-amenazan-la-seguridad-en-zona-centro-sur-de-chile-y-el-estado-esta-fallando-en-rol-investigativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sitiomemoriacomisariancud.cl\/portal\/informe-anual-2023-dice-que-violencias-de-particulares-amenazan-la-seguridad-en-zona-centro-sur-de-chile-y-el-estado-esta-fallando-en-rol-investigativo\/","title":{"rendered":"Informe Anual 2023 dice que violencias de particulares amenazan la seguridad en zona centro sur de Chile y el Estado est\u00e1 fallando en rol investigativo"},"content":{"rendered":"

-. Informe 2023 del INDH revis\u00f3 la situaci\u00f3n desde el derecho a la seguridad, donde el Estado tiene obligaciones, puesto que este derecho supone resguardo ante la amenaza de la ocurrencia de delitos.<\/strong><\/p>\n

-. Sobre la obligaci\u00f3n del Estado de investigar y sancionar delitos, detect\u00f3 varios problemas. Evidencia de la falta de avance es el alza del archivo provisional de las causas penales entre 2021 y 2022.<\/strong><\/p>\n

-. La falta de formalizaci\u00f3n en conceptos como la violencia rural o el cat\u00e1logo de delitos para acceder a los beneficios de programas como el Apoyo a la Violencia Rural generan falta de claridad.<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p><\/blockquote>\n

El Cap\u00edtulo 2 del Informe Anual 2023<\/a>\u00a0del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) mira las violencias entre particulares y grupos organizados entre las regiones de Biob\u00edo y Los Lagos. En el documento el INDH establece que un conjunto de delitos afecta el derecho a la seguridad personal de quienes viven en la zona. Y ante todo ello la respuesta del Estado a\u00fan es insuficiente.<\/p>\n

En su an\u00e1lisis, el documento recuerda las medidas con que el Estado busc\u00f3 dar respuesta al problema. Estas partieron en 1999, cuando el Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle firm\u00f3 el Pacto por el Respeto Ciudadano, en un contexto marcado por la aparici\u00f3n de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM). A partir de esa fecha, cada gobierno emprendi\u00f3 un plan.<\/p>\n

La m\u00e1s reciente es el Plan Buen Vivir, ideado por el Presidente Gabriel Boric en mayo de 2022 para abordar la violencia y las inequidades. Y en septiembre de 2023 se conform\u00f3 el Consejo Interministerial para el Plan Buen Vivir. Pero esto se encuentra acompa\u00f1ado del estado de excepci\u00f3n, instaurado en mayo de 2022 y que reedita una decisi\u00f3n del gobierno que lo precedi\u00f3.<\/p>\n

Innovaci\u00f3n del informe<\/strong><\/h3>\n

Pese a los planes y medidas de control, las violencias persisten. Para estudiar el tema, el Informe Anual 2023 lo revis\u00f3 a partir de la exigencia del derecho a la seguridad ante hechos de violencia entre particulares. Aqu\u00ed, el Estado tiene obligaciones, puesto que el derecho a la seguridad supone el resguardo ante la amenaza de la ocurrencia de delitos.<\/p>\n

El cap\u00edtulo dio cuenta entonces del relato proporcionado por actores clave de la zona afectada. Lo que cuentan las v\u00edctimas est\u00e1 marcado por el temor y el trauma ocasionado por el delito cometido en su contra. Entre algunas de ellas existe la sensaci\u00f3n de abandono por parte de Carabineros y del Estado. Creen que las instituciones estatales no han cumplido su obligaci\u00f3n.<\/p>\n

Entre aquellos derechos afectados est\u00e1 el derecho a la educaci\u00f3n. Aparte de la quema de establecimientos, se mencionan dificultades para asistir a la escuela por los cortes de caminos. Tambi\u00e9n existe afectaci\u00f3n a la libertad religiosa con los ataques a iglesias cristianas y la destrucci\u00f3n de lugares sagrados mapuche, y a las libertades de circulaci\u00f3n y residencia y el derecho a propiedad.<\/p>\n

An\u00e1lisis de datos delictuales<\/strong><\/h3>\n

Ahora bien, en cuanto a la obligaci\u00f3n del Estado de investigar y sancionar los delitos que vulneran estos derechos, el cap\u00edtulo apreci\u00f3 varios problemas. Uno de ellos es determinar qui\u00e9nes los perpetradores y sus motivaciones. Evidencia de la falta de avance en estas materias es el alza del archivo provisional de las causas con delitos asociados a la seguridad personal. \u00c9sta pas\u00f3 de 39,48% en 2021 a 43,56% en 2022.<\/p>\n

Junto con ello, existe un aumento preocupante en 2022 del n\u00famero de casos de imputados desconocidos. Uno de cada tres delitos contra la seguridad personal no existe un imputado conocido.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el informe plante\u00f3 que resulta fundamental diferenciar qu\u00e9 delitos se pueden asociar al conflicto intercultural. Las personas entrevistadas aportaron como ejemplo el robo de madera, en hechos que no estar\u00edan vinculados a las deudas hist\u00f3ricas, sino que responder\u00edan a delincuencia com\u00fan.<\/p>\n

Es un tema relevante. El informe del INDH indica que en la medida en que las investigaciones mejoren, podr\u00edan extinguirse visiones unidimensionales que asocian, mec\u00e1nicamente, hechos delictuales con grupos ind\u00edgenas. Entonces, el hecho de que responsables de delitos graves pertenezcan a grupos mapuche no debiera significar responsabilizar a todo un grupo \u00e9tnico.<\/p>\n

Situaci\u00f3n de las v\u00edctimas<\/strong><\/h3>\n

El cap\u00edtulo detect\u00f3 una brecha en el derecho a planes, medidas e informaci\u00f3n de acciones reparatorias a v\u00edctimas. Pese a la existencia de varios programas y dise\u00f1os, no hay un reconocimiento formal de cu\u00e1les delitos debieran tener prioridad. Pese a importantes avances, hay desaf\u00edos en temas como saber el n\u00famero de polic\u00edas por comuna.<\/p>\n

La falta de formalizaci\u00f3n en conceptos como la violencia rural o el cat\u00e1logo de delitos para acceder a los beneficios de programas como el Apoyo a la Violencia Rural generan una falta de claridad. Hay potenciales v\u00edctimas que podr\u00edan ser perjudicadas por no conocer las normativas del programa.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n consigna que los funcionarios policiales y del Ministerio P\u00fablico son quienes m\u00e1s creen que los delitos responden a causas sociales m\u00e1s profundas y que su acci\u00f3n es s\u00f3lo una respuesta reactiva. Esta idea, concluye el cap\u00edtulo, releva la necesidad de un enfoque multisectorial.<\/p>\n

Por ello, se plantea que, si el objetivo es lograr mejores niveles de convivencia y paz, los municipios tienen un rol clave en prevenci\u00f3n y recomposici\u00f3n del tejido social. Pero los gobiernos locales, quienes m\u00e1s conocen las necesidades de sus habitantes, muchas veces carecen de recursos financieros y humanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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